DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Usurpación de función pública, violencia y resistencia a la autoridad, desacato, abuso de autoridad, concusión, colusión, peculado, malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito.

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la Administración Pública tiene dos visiones, una estática o material, referida a los órganos que estructuran la Administración Pública y otra dinámica o subjetiva, referida al ejercicio de la función pública, es decir, que compete con los servicios públicos.

Dicho esto, tal acusación pública, en sus diversas vertientes, ha de sujetarse a los principios jurídico-constitucionales de imparcialidad, legalidad, objetividad e independencia. Cuando uno de estos principios se ve desbordado, producto de una conducta atribuible a un funcionario o servidor público, es que puede manifestarse alguno de los delitos como cohecho, colusión, peculado, etc.

Frente a lo indicado, esta obra viene a comprender un estudio no sólo en la cientificidad del derecho penal, de cuyo cuño parte el examen teórico de la conducta prohibida (interpretación), enmarcado en las propias instituciones de la Parte General como de las figuras delictivas de la Parte Especial en particular, los criterios adoptados por los máximos tribunales de justicia del país en la jurisprudencia, precedentes vinculantes y acuerdos plenarios sobre la materia. En síntesis, se realiza un análisis integral de los diversos tópicos que involucra una criminalidad tan compleja, como la que se revela en esta titulación del texto punitivo, esperando que contribuya en un debate alturado en la ciencia del derecho penal.