La ejecución del contrato de obras públicas

Si repasamos cómo se determinaron las responsabilidades históricamente en el ámbito de las contrataciones del Estado, comprobaremos que la Ley N.º 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, quebró por primera vez la filosofía de la “responsabilidad
compartida”, mantenida hasta entonces por las diversas disposiciones legales aplicables a las adquisiciones y contrataciones del Estado. Así, con el artículo 5 de la Ley N.º 26850 se reguló, en el ámbito de las contrataciones del Estado, la determinación de las responsabilidades por el ejercicio de la competencia.
De una u otra forma, esta normativa ha permanecido a través de todas las modificaciones y nuevas disposiciones legales que norman el proceso de contratación de las entidades del sector
público. La Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece, en resumen, que los funcionarios y servidores son responsables en el ámbito de las actuaciones que realicen; y, de corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo con el régimen jurídico que vincule a las personas señaladas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
Como vemos, aun cuando parezca sutil, la ley, en su artículo 9 sobre responsabilidades esenciales, mantiene la determinación de la responsabilidad por el ejercicio de la competencia. Por ello, contundentemente establece que “los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por un nombre de la entidad […] son ​​responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen […]”. Ahora bien, solo cabe esperar que quienes ejercen el control y las autoridades que los hechos punibles sepan determinar la responsabilidad por el ejercicio de la competencia proscribiendo la “filosofía de la responsabilidad compartida”.